Nuevos planes para mas regulación en plataformas de alquiler. Registrar, declarar y, si es necesario, solo con un permiso.
Con estas medidas, los municipios de los Países Bajos pueden manejar el alquiler de casas de vacaciones a través de plataformas de alquiler como Airbnb. El fraude, como el subarriendo ilegal de viviendas de alquiler social, puede ser multado con un máximo de 83 000 euros. El Consejo de Estado aprobó el proyecto de ley para el alquiler turístico de espacio habitable ya está listo para su aprobación en el parlamento, según un informe del gobierno neerlandés.
El proyecto de ley puede dar a los municipios la oportunidad de tomar medidas si hay escasez de espacio habitable o si la habitabilidad de un barrio está bajo presión. En todos los casos, el consejo municipal debe proporcionar una sólida justificación de la utilidad y la necesidad de implementar estas medidas.
Ministro van Veldhoven añade que: “Poder alquilar habitaciones o casas de vacaciones es agradable, pero nadie quiere ciudades o barrios donde solo hay turistas. Queremos dar a los municipios las herramientas necesarias para controlar el equilibrio y evitar el subarriendo de viviendas sociales, de modo que estén disponibles para las personas que realmente las necesitan».
Obligación de registro
Con la nueva ley, los municipios pueden exigir a los propietarios que alquilan sus casas que soliciten un número de registro. El propietario debe indicar este número con cada anuncio en plataformas como, entre otros, AirBnb, Booking.com y Expedia. De esta manera, los municipios pueden tener más información sobre las direcciones y las personas que alquilan a los turistas.
Según el informe del gobierno, el gobierno central, los municipios y las plataformas de alquiler quieren un sistema de registro conjunto para los proveedores de alquileres vacacionales. Además, el ministro está examinando en un contexto europeo cuáles son las posibilidades de poder vincular las plataformas de alquiler directamente a las medidas municipales.
Obligación de declarar y obligación de permiso
Los municipios pueden determinar que se puede alquilar un máximo de noches por año como alojamiento turístico para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario o para mejorar la calidad de vida. Se puede establecer una obligación de declaración. En situaciones excepcionales, un municipio puede introducir una obligación de permiso.
Multas
La multa por el fraude residencial, como el alquiler ilegal de una casa de alquiler social, será cuatro veces más alta de lo que es ahora. La multa máxima será de 83 000 euros. Esto debe parar la violación sistemática de las reglas. Además, una multa tan alta tiene un efecto disuasivo, según el gobierno.
